Por Sabrina Pont

Un nuevo capítulo para la política minera mendocina El envío del Informe de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge a la Legislatura provincial marca un punto de inflexión para Mendoza. Tras años de discusiones y trabas, la provincia comienza a explorar una agenda minera más pragmática, apoyada en controles ambientales estrictos y en una política de competitividad que busca atraer inversiones. Con una inversión estimada en 600 millones de dólares y una producción proyectada de 40 000 toneladas anuales de concentrado de cobre, el emprendimiento podría representar entre un cuarto y un tercio de las exportaciones totales de la provincia. El gobernador Alfredo Cornejo se propuso reactivar el desarrollo minero sin resignar estándares, y San Jorge aparece como su primer gran caso testigo. A continuación, los principales pasajes de la conversación con Fabián Gregorio, presidente ejecutivo del Proyecto San Jorge.

 —En la inauguración de AMC 2025, el gobernador Alfredo Cornejo anunció que San Jorge podría convertirse en el primer proyecto de cobre del país, tras el cierre de Alumbrera. ¿Cómo evalúan ese escenario? 

—Es una circunstancia un poco azarosa que hayamos llegado a esta posición después de tantos años y con otros proyectos avanzando en distintas partes del país. Pero se explica por la escala y las factibilidades propias del proyecto, que nos permiten estar en esta condición. Eso redobla nuestra responsabilidad: si vamos a estar en la vanguardia, tenemos que hacerlo doblemente bien, porque el nivel de observación y de ejemplo que debemos dar se magnifica. Es un proyecto de escala media importante, desarrollado en una provincia que busca elevar todos los estándares ambientales necesarios para que un emprendimiento de este tipo sea viable. La declaración de impacto ambiental refleja precisamente ese compromiso.

—La DIA ya fue aprobada y ahora espera la ratificación legislativa. ¿Cuáles son los pasos siguientes? 

—En Mendoza, la aprobación ambiental debe ser ratificada por ambas cámaras. El expediente ya ingresó y estamos a la espera de su tratamiento. Mientras tanto, avanzamos con las ingenierías que completarán la factibilidad definitiva del proyecto. Eso nos permitirá acceder al financiamiento. Esperamos tener esa etapa cerrada en 2026. 

—¿De qué magnitud es la inversión y cómo se vincula con el RIGI?

—Estamos hablando de casi 600 millones de dólares, una cifra relevante para la historia reciente de Mendoza. Tenemos la expectativa de aplicar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI); estamos evaluando los requisitos y somos potenciales ingresantes.

—¿Cuándo podría comenzar la construcción si todo avanza según lo previsto? 

—Durante 2026 planeamos concluir la factibilidad y estar en condiciones de iniciar la obra civil inmediatamente después. Esa etapa demandará entre 18 y 24 meses, y luego comenzaríamos la producción propiamente dicha. 

—¿Qué niveles de producción esperan y cuál sería la vida útil de la mina? 

—La estimación es de 40 000 toneladas anuales de cobre fino, con una vida útil inicial de 16 años, que podría extenderse hasta 27 o 30 años, según los recursos y la evolución del mercado. 

—¿Ya analizan los mercados de destino? 

—Sí, tenemos acercamientos y experiencias previas. La demanda mundial de cobre crece con la transición energética y la oferta viene rezagada. Eso genera una tensión favorable, una oportunidad para la Argentina y para Mendoza. 

—¿Qué impacto económico proyectan para la provincia? 

—Podríamos aportar entre un cuarto y un tercio de las exportaciones mendocinas, cifras muy significativas para la economía provincial. 

—Mendoza tuvo una relación difícil con la minería. ¿Perciben un cambio de contexto? 

—Sin duda. Es una época distinta, con gobiernos y oportunidades distintas. Los niveles de exigencia no han bajado, al contrario: los estándares internacionales son cada vez más altos. Pero tenemos la capacidad técnica y financiera para cumplirlos. 

—¿Desde cuándo trabajan en esta nueva etapa de San Jorge? 

—El proyecto tiene casi seis décadas de historia. Pasaron seis compañías por distintas etapas de exploración. Bajo esta denominación actual, Proyecto San Jorge, comenzamos hace un año, con una modernización tecnológica importante respecto de la planta concentradora que teníamos hacia 2008. 

—En otras provincias se discute el “compre local”. ¿Cuál es su mirada? 

—Mendoza tiene una matriz económica diversificada y mejores condiciones para proveer bienes y servicios locales. Eso coincide con nuestro compromiso con el empleo y los proveedores mendocinos. No hace falta una norma específica: el compromiso ya está. 

—¿Cuáles son los principales desafíos en infraestructura y logística? 

—Los de siempre: recursos hídricos, energía y transporte. Tenemos agua suficiente y un manejo responsable bajo circuito cerrado. La energía necesaria es totalmente factible, con alternativas eléctricas y también renovables, como solar. En logística dependerá del destino del mineral: si va a Asia o a Europa. Probablemente usemos puertos del Pacífico, aunque no descartamos opciones por el Atlántico. 

—¿Cómo inciden las condiciones macroeconómicas y políticas en la planificación? 

—Nos mantenemos al margen. Confiamos en el marco normativo argentino, que brinda seguridad jurídica para desarrollar el proyecto. No nos involucramos en la política, aunque seguimos atentos al contexto.