El Congreso peruano volvió a poner sobre la mesa proyectos de ley que apuntan a regular las llamadas concesiones mineras “improductivas”, generando preocupación en el sector por sus posibles efectos sobre la seguridad jurídica. Las propuestas incluyen desde regímenes de caducidad hasta la transferencia de concesiones al Estado, bajo el argumento de combatir la informalidad y la minería ilegal.

Especialistas del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú advierten que el concepto de improductividad no refleja el ciclo real de la minería, donde los procesos de exploración, permisos, estudios de factibilidad y financiamiento pueden extenderse durante una década o más. Calificar una concesión como improductiva por no estar en producción podría penalizar etapas normales del desarrollo minero.

A esto se suma un factor clave señalado por exfuncionarios del sector: gran parte de las demoras en el avance de proyectos responde a la propia burocracia estatal, con trámites extensos y autorizaciones complejas. En ese contexto, introducir sanciones adicionales podría desalentar la exploración, precisamente la fase donde se gestan los proyectos que luego sostienen la recaudación fiscal y el empleo.

El trasfondo del debate revela una tensión clásica en América Latina: cómo equilibrar la formalización y el control del territorio sin erosionar la confianza de los inversores. En un país altamente dependiente de la minería, los cambios abruptos en las reglas de juego podrían tener efectos duraderos sobre la competitividad del sector.

Fuente: Latinmining con información de Rumbo Minero