El debate por la reforma de la Ley de Glaciares entró en una nueva fase de tensión política en la Cámara de Diputados. Más de 50.000 personas se inscribieron para participar de las audiencias públicas, una cifra que complica la organización del proceso y profundiza el conflicto entre oficialismo y oposición.

Ante la magnitud de las inscripciones, las autoridades de las comisiones definieron que solo una parte de los participantes podrá exponer en vivo —de manera presencial o virtual— mientras que el resto deberá enviar sus aportes por escrito o mediante videos.

Desde el oficialismo sostienen que el volumen de inscriptos hace “materialmente imposible” garantizar la participación directa de todos dentro del cronograma previsto. En la oposición, en cambio, denuncian que modificar las reglas del proceso limita la participación ciudadana y reclaman ampliar la cantidad de jornadas.

El trasfondo del debate es aún más profundo. La reforma propone redefinir el alcance de la protección sobre glaciares y ambientes periglaciares, limitando las restricciones a aquellas geoformas con aporte hídrico comprobable.

Además, plantea un mayor rol de las provincias en la elaboración del inventario de glaciares, en línea con el principio constitucional de dominio sobre los recursos naturales.

Organizaciones ambientales ya anticiparon posibles acciones judiciales si el proyecto avanza, al considerar que podría implicar una reducción en los niveles de protección.

Con posiciones cada vez más polarizadas, la discusión sobre la ley combina cuestiones técnicas, jurídicas y políticas, y se perfila como uno de los debates más sensibles del año para la actividad minera.