Desde la administración de Javier Milei sostienen que, tras más de 15 años de aplicación, la ley mostró falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, afectaron inversiones productivas y avanzaron sobre competencias provinciales reconocidas por la Constitución. El nuevo texto apunta a delimitar con mayor precisión qué glaciares cumplen una función hídrica efectiva, reforzar estándares ambientales y ordenar el rol de Nación y provincias en la evaluación de impacto.

El proyecto se apoya explícitamente en los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, buscando un equilibrio entre protección ambiental y desarrollo humano. En ese marco, se fortalece el rol de las provincias en la evaluación ambiental, se reconoce su capacidad técnica y se promueve una articulación más eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, para contar con información actualizada y operativa.

El trasfondo es evidente: provincias como Mendoza y San Juan, nucleadas en la Mesa del Cobre, y Catamarca, Jujuy y Salta, desde la Mesa del Litio, ven en esta reforma una condición necesaria para avanzar con proyectos de gran escala. La discusión legislativa será intensa y no exenta de tensiones, pero el envío del proyecto confirma que el Gobierno decidió dar la pelea política para reordenar uno de los principales cuellos de botella del sector.

Si prospera, la reforma podría redefinir el clima de inversión minera en Argentina. Si se empantana, volverá a evidenciar la dificultad histórica del país para conciliar ambiente, federalismo y desarrollo.