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El Ministerio de Energía y Minas designó a Paul Vera Regalado como nuevo director general de Formalización Minera. El funcionario llega desde la SUNAT, donde acumuló experiencia en fiscalización de actividades informales y acciones vinculadas con la lucha contra la minería ilegal, y asumirá una de las áreas más sensibles de la política minera peruana en momentos en que el país busca avanzar hacia un nuevo esquema de formalización.

SQM cerró el primer semestre de 2026 con ganancias por US$1.024,7 millones, un incremento interanual del 353,5%, mientras sus ingresos alcanzaron US$4.228,5 millones. Con ventas récord de litio y una demanda global que continúa creciendo, la compañía prepara una nueva etapa de expansión que incluye alrededor de US$3.000 millones para el proyecto Salar Futuro en Chile y mayores capacidades productivas en Australia.

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, aseguró que el crecimiento de los grandes proyectos obligará a ampliar la cadena de abastecimiento más allá de los límites provinciales. La estrategia priorizará primero a las comunidades y empresas sanjuaninas, pero buscará incorporar capacidades industriales del resto del país. “No queremos un mercado cautivo”, afirmó. La provincia trabaja además en la reglamentación de una ley que establece objetivos del 80% para empleo y 60% para proveedores.

El Gobierno nacional puso en vigencia una profunda reorganización administrativa del Régimen de Inversiones Mineras establecido por la Ley 24.196. La Resolución 68/2026 obliga a digitalizar los trámites mediante la plataforma TAD y crea el nuevo Registro de Inversiones Mineras (RIM), que identificará individualmente cada proyecto y centralizará su información. La normativa también establece mecanismos para compatibilizar el régimen con el RIGI.

Antamina, Las Bambas y Cerro Verde concentraron en conjunto el 47,9% de la producción peruana de cobre durante el primer semestre de 2026. El liderazgo de las tres grandes operaciones refleja el peso que mantienen dentro de la industria cuprífera del país, que acumuló 1,36 millones de toneladas entre enero y junio, un 1,9% más que en el mismo período del año anterior.

La economía chilena registró una caída interanual del 0,2% durante el segundo trimestre de 2026 y acumuló dos períodos consecutivos de contracción. El principal factor detrás del resultado fue la minería, cuya actividad retrocedió 6,4% debido fundamentalmente a una menor extracción de cobre. En contraste, el PIB no minero avanzó 0,7%, mientras el litio, el oro y la plata mostraron un desempeño positivo.

McEwen Copper mantiene negociaciones avanzadas con Rio Tinto y otros potenciales inversores para estructurar cerca de US$4.000 millones destinados a la construcción de Los Azules, en San Juan. El esquema contempla nuevos socios estratégicos, una oferta pública inicial prevista para el cuarto trimestre y diferentes alternativas de deuda, mientras la compañía avanza hacia la decisión final de inversión con el objetivo de alcanzar la producción comercial en 2030.

A pocas semanas del inicio del encuentro, la Legislatura salteña reconoció oficialmente a Argentina Mining Norte 2026 por su contribución al fortalecimiento de la actividad minera, la promoción de inversiones y el desarrollo de la cadena de valor y los proveedores locales. La convención se realizará del 2 al 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta.

El Senado chileno comenzó a analizar una reforma al sistema de patentes mineras que propone eliminar la escala progresiva aplicada a las concesiones de explotación y establecer una tasa plana de 0,4 UTM por hectárea para quienes no accedan a beneficios. El debate se produce después de que la reforma anterior redujera la superficie concesionada, pero coincidiera con un aumento de la concentración entre los mayores titulares y un crecimiento de la morosidad.

El Gobierno peruano presentó una agenda destinada a acelerar el desarrollo minero-energético y proyecta movilizar cerca de US$40.000 millones en inversiones durante los próximos cinco años. Entre las prioridades aparecen una reforma de permisos para destrabar alrededor de 14 proyectos mineros, cambios en la distribución del canon y una mayor articulación entre inversión privada y desarrollo de las comunidades vinculadas con la actividad.