La crisis en la provincia de Pataz, región La Libertad, ha escalado a niveles alarmantes tras el asesinato de 13 trabajadores mineros a manos de bandas criminales. Investigaciones señalan a “La Gran Alianza 2” como la principal organización detrás del hecho, liderada por Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, quien ya había sido detenido en 2023 por un ataque armado contra Minera Poderosa, pero liberado por orden fiscal.

Estas mafias estarían integradas por remanentes de “Los Pulpos”, “La Jauría”, “La Banda del Gordo Jhon” y “Los Compadres”, y utilizan armas de guerra, sicarios y redes de protección institucional para controlar bocaminas ilegales. La Fiscalía investiga también la complicidad de policías activos con la empresa R&R Seguridad, informal y no registrada, que contrató a las víctimas para custodiar operaciones mineras.

En Pataz operan firmas legales como Minera Poderosa —principal productora de oro del país— junto con otras como EMSA, Cerro Verde, Yanacocha y Las Bambas. La inseguridad afecta la continuidad operativa y la seguridad de trabajadores, además de poner en jaque el Estado de derecho en una región clave para la minería nacional.

La situación refleja una crisis de gobernabilidad territorial donde convergen minería ilegal, narcotráfico, impunidad judicial y corrupción policial. Si no se establece una intervención integral del Estado, el modelo minero formal corre riesgo de perder terreno frente a estructuras criminales que avanzan sobre recursos estratégicos con violencia sistemática.

Fuente: Latinmining con información de Rumbo Minero