El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, salió a responder con firmeza al reclamo de La Rioja por el proyecto Vicuña y ratificó la posición de su provincia en un conflicto que escala en paralelo al avance del desarrollo minero. “Lo que está en el subsuelo de San Juan es de los sanjuaninos”, afirmó, apoyándose en el artículo 124 de la Constitución Nacional y en la vigencia de la Ley 18.004, que establece los límites interprovinciales.

La respuesta se da luego de que el gobernador riojano Ricardo Quintela volviera a plantear la posibilidad de participación en el proyecto Josemaría y cuestionara la actual delimitación territorial. Frente a esto, Orrego buscó cerrar la discusión desde el plano jurídico, señalando que no se trata de una interpretación política sino de un marco legal vigente desde hace más de medio siglo y validado por distintos gobiernos.

Más allá del cruce puntual, el conflicto deja ver una tensión más profunda: el desarrollo de proyectos de gran escala en Argentina no solo enfrenta desafíos técnicos o ambientales, sino también disputas territoriales que pueden escalar rápidamente. En el caso de Vicuña, donde intervienen múltiples jurisdicciones directa o indirectamente, la coordinación política aparece como un factor tan relevante como la inversión misma.

El mensaje de San Juan es claro: defender la titularidad de los recursos y evitar abrir precedentes que puedan afectar la seguridad jurídica de futuros proyectos. Sin embargo, el caso también muestra que, a medida que los proyectos crecen en escala, los conflictos interprovinciales pueden convertirse en un nuevo frente de riesgo para el desarrollo del cobre argentino.

Fuente: Latinmining con información de Mineria y Desarrollo