Tras el asesinato de 13 mineros en Pataz, el Gobierno de Perú decretó medidas excepcionales como la instalación de bases militares y el toque de queda. Sin embargo, la ejecución de recursos destinados al combate de la minería ilegal sigue siendo deficiente.

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, de los S/ 74,6 millones asignados en 2025 a la reducción de minería ilegal, solo el 37,4% fue efectivamente utilizado. La mayoría corresponde a operativos de interdicción; en tanto, el soporte logístico presenta una ejecución aún más baja, del 21,6%.

La falta de ejecución no solo debilita la capacidad de respuesta inmediata, sino que también limita la implementación de estrategias sostenidas. Organizaciones criminales como las denunciadas por Minera Poderosa —que reportó 39 asesinatos desde 2023— siguen operando con impunidad. La crisis en Pataz evidencia que sin una estructura institucional sólida y presupuestos ejecutados con eficiencia, las respuestas seguirán siendo reactivas y de corto alcance.

Fuente: Latinmining con información de Rumbo Minero