La discusión sobre el futuro de la minería en Perú vuelve a poner el foco en un problema estructural: la falta de previsibilidad en la toma de decisiones. Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), advirtió que la inconsistencia en las políticas públicas está afectando la confianza de los inversores y podría impactar directamente en la competitividad del país.

El planteo se da en un momento particularmente sensible. La reactivación de proyectos como Tía María, junto con episodios de cambios administrativos en plazos cortos, refuerzan la percepción de inestabilidad en un sector que requiere horizontes de largo plazo. Para Ortiz, el desafío no es solo aprobar proyectos, sino garantizar que las reglas se mantengan en el tiempo.

El contexto global agrava la situación. La creciente demanda por cobre abre oportunidades para países productores, pero también intensifica la competencia por capital. En ese escenario, factores como la gobernanza, la estabilidad jurídica y la claridad regulatoria pasan a ser tan importantes como el potencial geológico.

A esto se suma otro elemento crítico: el desorden territorial. La falta de planificación y presencia del Estado facilita el avance de la minería ilegal, generando conflictos y superposición de intereses que terminan afectando también a los proyectos formales. En conjunto, estos factores configuran un escenario donde el principal desafío ya no es descubrir recursos, sino generar condiciones para desarrollarlos.