La discusión sobre el futuro de la pequeña minería volvió a instalarse con fuerza en Perú. El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, pidió que el próximo Congreso otorgue prioridad al tratamiento de una nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), al considerar que la normativa actual ya no responde a los desafíos que enfrenta el sector.

Ortiz sostuvo que el principal objetivo de la futura ley debe ser establecer una diferencia clara entre quienes buscan incorporarse a la economía formal y aquellos que utilizan los procesos de formalización como una herramienta para encubrir actividades ilegales. Según explicó, la minería artesanal necesita reglas claras, plazos definidos y un sistema que permita alcanzar resultados concretos, evitando que los procesos de formalización se prolonguen indefinidamente sin generar cambios reales.

El planteo llega en un contexto donde la minería formal continúa siendo uno de los principales motores de la economía peruana. Durante los primeros meses del año, el sector generó exportaciones superiores a US$21.000 millones y transferencias por más de S/4.100 millones hacia las regiones mediante canon, regalías y otros mecanismos de distribución de recursos. Para el IIMP, preservar ese aporte económico requiere fortalecer la institucionalidad y combatir con mayor eficacia el crecimiento de la minería ilegal.

Uno de los aspectos que más preocupa al organismo es la expansión de actividades ilegales hacia la explotación de cobre. Históricamente concentrada en el oro, la minería ilegal comienza ahora a avanzar sobre minerales estratégicos vinculados a la transición energética, una situación que, según Ortiz, podría afectar la competitividad del país y generar nuevos conflictos para el desarrollo de grandes proyectos.

El debate sobre la Ley MAPE también pone de manifiesto la necesidad de construir un marco regulatorio que combine controles efectivos con herramientas de acompañamiento para los pequeños productores que realmente desean formalizarse. Capacitación, asistencia técnica y procedimientos más ágiles aparecen como algunos de los elementos que el sector considera indispensables para lograr una incorporación sostenible a la economía formal.

Más allá de la discusión legislativa, el planteo del IIMP refleja uno de los principales desafíos que enfrenta hoy la minería peruana. La creciente demanda mundial de cobre y minerales críticos abre enormes oportunidades para el país, pero también exige contar con instituciones capaces de diferenciar con claridad a quienes producen bajo estándares legales de quienes operan al margen de la normativa. Resolver esa brecha será determinante para fortalecer la competitividad del sector y consolidar el liderazgo minero del Perú durante los próximos años.