El caso, que se extiende por más de 37 años, enfrenta a Quiborax con el Estado chileno, que acusa a la empresa de haber afectado gravemente el ecosistema del Salar de Surire. Durante la audiencia, testigos y expertos presentaron pruebas científicas sobre los daños ambientales en la zona protegida.

El Consejo de Defensa del Estado argumentó que la explotación de Quiborax alteró patrones hídricos y dañó áreas críticas para la reproducción de flamencos, generando lagunas artificiales no funcionales. Según los informes de Conaf y la Seremi de Medio Ambiente, el 33% del salario estaría afectado.

Por su parte, la defensa de Quiborax sostuvo que la empresa opera bajo las regulaciones vigentes y cuestionó la validez de las pruebas presentadas en su contra. Afirmó que no existen fundamentos suficientes para demostrar un daño ambiental continuo y que el caso ya fue resuelto en un juicio anterior de 2009.

Ante la falta de consenso, el tribunal convocó a una audiencia de conciliación para el 29 de abril, en un intento por alcanzar un acuerdo entre las partes y definir el futuro de la operación minera en el Salar de Surire.

Fuente: LatinMining con información de Portal Minero