Chile dio un nuevo paso para fortalecer la estabilidad de su sistema energético. Con amplio respaldo parlamentario, el Congreso despachó a ley el proyecto "Ordenemos la Cuenta", una iniciativa impulsada por el Ejecutivo que busca extender el subsidio eléctrico durante 2027, normalizar los retrasos acumulados en las tarifas de distribución y transmisión e incorporar medidas destinadas a mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico.
Uno de los principales objetivos de la norma consiste en otorgar mayor previsibilidad al sistema tarifario luego de varios años de postergaciones regulatorias. Para ello, la ley establece un mecanismo que permitirá regularizar la deuda acumulada en el componente de Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, distribuyendo su pago entre 2028 y 2035 mediante un esquema gradual diseñado para minimizar el impacto sobre los consumidores.
La legislación también extiende el subsidio eléctrico durante todo 2027 para proteger a los hogares más vulnerables frente al aumento de las tarifas e incorpora medidas específicas para las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde se proyectaban incrementos significativos en las cuentas de electricidad. Además, establece que las multas aplicadas a las empresas distribuidoras no podrán ser trasladadas a los usuarios finales, reforzando la protección de los consumidores.
Otro aspecto relevante de la norma apunta a fortalecer la infraestructura eléctrica. La nueva legislación incorpora mecanismos que permitirán agilizar inversiones destinadas a mejorar la calidad y seguridad del suministro, habilitando que determinadas obras comiencen a recibir remuneración mientras aún se encuentran en ejecución. El objetivo es acelerar la modernización de las redes y reducir los retrasos que históricamente afectaron la actualización tarifaria del sistema.
Si bien la iniciativa tiene un marcado componente social, también genera señales positivas para sectores altamente demandantes de energía, como la minería. La previsibilidad regulatoria constituye un factor central para planificar inversiones de largo plazo, especialmente en un país donde la actividad minera representa uno de los principales motores económicos y donde la expansión de nuevos proyectos requiere sistemas eléctricos cada vez más robustos y confiables.
La normalización de los mecanismos tarifarios también permite reducir incertidumbres para las empresas distribuidoras y mejorar la planificación de inversiones en transmisión y distribución, dos componentes fundamentales para acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica asociado tanto al desarrollo industrial como a la incorporación de nuevas tecnologías y procesos de electrificación.
Con la aprobación de esta ley, Chile busca dejar atrás varios años de rezagos regulatorios y sentar las bases para un sistema eléctrico más estable, transparente y sostenible. En un escenario donde la transición energética y la expansión minera demandarán crecientes niveles de infraestructura, contar con reglas claras y mecanismos de financiamiento previsibles será un elemento clave para sostener la competitividad del país durante los próximos años.
